Emprender una actividad económica en la actualidad no se reduce a la creación de un modelo comercialmente viable. Supone, además, diseñar una estructura empresarial jurídicamente responsable, ambientalmente sostenible y socialmente comprometida, capaz de generar valor económico sin desatender los impactos que produce en las personas, las comunidades, los trabajadores, los consumidores y el entorno natural. Desde esta perspectiva, los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un marco de referencia para integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la planificación, ejecución y evaluación de proyectos empresariales. La Agenda 2030 comprende 17 objetivos orientados a equilibrar desarrollo económico, sostenibilidad social y protección ambiental.

En Chile, el desarrollo de actividades económicas se encuentra actualmente condicionado por un marco normativo cada vez más exigente en materia ambiental, laboral, sanitaria, societaria, penal, contractual, de consumo y de contratación pública. Entre las normas relevantes se encuentran la Ley N.º 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la Ley N.º 21.455 Marco de Cambio Climático, la Ley N.º 20.920 sobre Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, la Ley N.º 21.368 sobre plásticos de un solo uso, la Ley N.º 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, la Ley N.º 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y la Ley N.º 21.595 sobre delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. Asimismo, las empresas e instituciones públicas deben considerar obligaciones vinculadas a inclusión laboral, no discriminación, prevención del acoso y violencia en el trabajo, eficiencia energética, transparencia, probidad y compras públicas sostenibles, especialmente a partir de normas como la Ley N.º 21.015, la Ley N.º 20.609, la Ley N.º 21.643, la Ley N.º 21.305 y la Ley N.º 21.634, que introduce principios de economía circular en la contratación pública.

Las principales falencias que suelen advertirse en el desarrollo de emprendimientos y actividades empresariales con pretensión sostenible son la ausencia de una matriz normativa de cumplimiento, la falta de trazabilidad documental, la inexistencia de indicadores verificables, el uso de declaraciones ambientales genéricas o no comprobables, la deficiente gestión de residuos, la falta de políticas de inclusión y prevención de riesgos laborales, la omisión de protocolos internos de gobernanza y la inexistencia de mecanismos de control destinados a prevenir infracciones regulatorias, delitos económicos, incumplimientos ambientales o prácticas de publicidad engañosa.

En este sentido el SERNAC ha advertido especialmente sobre los riesgos del greenwashing y la necesidad de información ambiental clara y veraz para los consumidores. Nuestra asesoría se orienta a estructurar emprendimientos y modelos de negocio bajo criterios de sostenibilidad jurídica, responsabilidad eco-social y alineación real con los ODS. Para ello, intervenimos en la elaboración de matrices de cumplimiento, identificación de brechas regulatorias, diseño de políticas internas, revisión de proveedores, cláusulas contractuales sostenibles, gestión de riesgos ambientales y sociales, modelos de prevención de delitos, cumplimiento laboral, trazabilidad de procesos, reportes de sostenibilidad e implementación de indicadores verificables.

Para acreditar que una actividad económica se desarrolla conforme a criterios ODS no basta con declarar una adhesión formal a la sostenibilidad. Es necesario demostrar, mediante evidencia técnica y documental, la correspondencia entre los objetivos declarados, las metas aplicables, los indicadores utilizados y los resultados efectivamente obtenidos. Ello puede realizarse mediante reportes de sostenibilidad, medición de huella de carbono, sistemas de gestión ambiental, auditorías internas o externas, certificaciones, políticas de economía circular, programas de reducción de residuos, protocolos de inclusión, mecanismos de debida diligencia y evaluación periódica de impactos. En Chile, instrumentos como la NCG N.º 461 de la Comisión para el Mercado Financiero y el Programa Huella Chile del Ministerio del Medio Ambiente constituyen referencias relevantes para reportar sostenibilidad, gobierno corporativo y gestión de emisiones de gases de efecto invernadero.

Nuestro equipo presta asesoría jurídica, técnica y estratégica a emprendedores, empresas, instituciones públicas y organizaciones privadas que buscan desarrollar proyectos económica y financieramente viables, pero también compatibles con estándares de sostenibilidad, derechos humanos, protección ambiental, responsabilidad social, transparencia y buena gobernanza. Asimismo, representamos a nuestros clientes en sede administrativa y judicial frente a fiscalizaciones, sanciones, controversias contractuales, reclamaciones de consumidores, conflictos ambientales o impugnaciones vinculadas al desarrollo de actividades económicas con impacto social o ambiental.